El secretario de Seguridad Pública de la entidad, Marco Tulio López dijo que no existen las condiciones de seguridad para permitir el retorno de los desplazados
Oaxaca, México; 27 enero 2012.- Un cerco instalado por la policía estatal impidió el paso de la caravana de desplazados triquí que se dirigía a la comunidad indígena de San Juan Copala, como parte de una medida de apremio para evitar confrontaciones violentas en la zona.
Se trata de 300 elementos del equipo antimotines que montaron un retén ubicado en el paraje “El Ojito”, localizado a 7 kilómetros del municipio de Tlaxiaco en la región de la mixteca, donde se ubica el campamento de desplazados triquis.
El secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla, admitió que la policía no va permitir el paso de los cerca de 300 desplazados, hasta en tanto no haya las condiciones de seguridad necesarias, que permitan su retorno sin contratiempos “porque en estos momentos está en riesgo su vida”.
Indicó que se cuentan con los suficientes elementos policiacos para impedir el paso de la caravana, “un notario ha certificado que los policías no están armados, solo portan escudos, no habrá violencia en la medida que el grupo de desplazados, entienda y reflexione que las condiciones no son las propias para continuar su regreso”.
Precisó que el cerco instalado en la carretera es parte de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que obliga al estado mexicano a cuidar la integridad física de los implicados y garantizar las condiciones para que los desplazados tengan un retorno adecuado.
López refirió que el proceso iniciado por el gobierno estatal para permitir la reconciliación de los pueblos es el adecuado, una vez que se invito a los grupos y comunidades y se continúan dialogando para conciliar posturas, evidencia que la presencia policiaca en la zona es solo disuasiva.
Consideró que el conflicto que persiste entre autoridades de la agencia municipal de San Juan Copala y las familias exiliadas es complicado. “Hay dos posturas irreconciliables, consideramos que debe haber calma”.
Recriminó también la actitud mostrada tanto por las autoridades de San Juan Copala, quienes no tienen el derecho de impedir el regreso de nadie y los que regresan tampoco tienen el derecho de trastornar la paz y el orden o retar a una autoridad electa constitucionalmente.
El mando mencionó que hay actores externos involucrados en generar la violencia en la zona de una manera muy irresponsable y perversa. Exigiendo permitir el dialogo triqui a triqui para resolver las discrepancias.
Anticipó que el estado hará lo necesario para evitar hechos violentos, “por preservar la vida de los desplazados, aunque ello implique impedir el paso de una zona donde su integridad corre riesgo. A lo mejor no es la medida más popular, pero es la más correcta y necesaria”.
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