Uno de los ex servidores sujetos a un proceso administrativo y penal, es el ex director de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, Armando González Bernabé, quien fue inhabilitado por un periodo de 20 años, dijo Cué.
Al término de la firma de dos convenios con el secretario de la Función Pública, Rafael Morgan Ríos, el gobernador indicó que esta determinación fue tomada por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental luego de analizar los resultados de las auditorías practicadas a CAO durante el último ejercicio fiscal de la administración del ex gobernador Ulises Ruiz.
Cué informó que en días próximos, la secretaria de la Contraloría, Perla Woolrich Fernández, dará a conocer un reporte en torno a las inhabilitaciones que se hicieron acreedores diversos servidores públicos de la administración estatal que concluyó día 30 de noviembre de 2010.
Durante el acto protocolario en el que se suscribieron el Acuerdo de Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y el Convenio de Colaboración de las Tecnologías de la Información, el mandatario estatal precisó que se practicaron 56 procesos de fiscalización para revisar y vigilar el correcto ejercicio del presupuesto de las dependencias y entidades, de los cuales derivaron observaciones por un monto superior a los 4 mil millones de pesos, por presuntas faltas administrativas.
De un universo de 77 instituciones, se auditaron 46, lo que representa un incremento de 60% frente a las 16 que fueron atendidas en 2010, agregó el funcionario. En 2011, se amonestó a mil 390 servidores públicos y se sancionó económicamente a 54, por un importe de 6.2 millones de pesos; dos más fueron suspendidos de su cargo; nueve fueron inhabilitados y 67 absueltos.
Estas nuevas inhabilitaciones se producen a más de un año de que Cué Monteagudo asumió el gobierno de Oaxaca y denunció un esquema de corrupción y saqueo que permeó durante el gobierno de su antecesor Ulises Ruiz.
Hasta ahora no hay una sola acusación formal contra el ex mandatario estatal no obstante de que el monto del presunto daño al erario público que inicialmente se calculó en alrededor de 2 mil millones de pesos pasó a más de 4 mil millones de pesos y ello incluye el pago de obras no realizadas o la firma de contratos que obligan a la administración a pagar sobreprecios a particulares por el mantenimiento de edificios públicos.
Los nueve funcionarios sancionados forman parte de un grupo de al menos 32, a quienes se investigan por una serie de irregularidades detectadas por la Contraloría, pero —de acuerdo con autoridades— ha sido difícil proceder legalmente por las modificaciones a varios artículos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca que evitan sanciones severas por delitos como la corrupción.
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